El CNI enfrenta la violencia, el despojo y la traición estatal mientras sigue insistiendo en la defensa de sus derechos ancestrales.
El Congreso Nacional Indígena (CNI), espacio colectivo de decenas de pueblos originarios de México, cumple 30 años consolidado como un organismo clave para la organización indígena y la defensa de sus derechos. Desde hace seis años, mantiene una sede permanente en las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Ciudad de México, ocupadas simbólicamente por comuneros otomíes. Estas dependencias oficiales, tradicionalmente vistas como el centro institucional del gobierno en materia indígena, se han transformado en un cuartel general de resistencia y autonomía indígena.
El CNI nació como respuesta frente a la traición gubernamental tras las negociaciones entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno de Ernesto Zedillo en 1996. A pesar de promesas de autonomía, se desplegaron estrategias militares y paramilitares para reprimir al movimiento, lo que fortaleció el compromiso del CNI con la defensa de los territorios y derechos ancestrales.
Hoy, dentro de la dirigencia indígena existe un dilema: algunos aceptan renunciar a derechos por recursos limitados y puestos políticos, mientras otros, siguiendo el ejemplo zapatista, se mantienen firmes en la resistencia y defensa cultural. Esta postura enfrenta una creciente violencia organizada por sicarios, grupos paramilitares, narcotráfico y autoridades corruptas, que causan asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas fue rebautizado como Espacio Samir Flores, en memoria de un líder campesino nahuatl asesinado por oponerse a megaproyectos.
La memoria colectiva indígena aún carga con heridas abiertas por la masacre de Acteal y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hechos con evidentes complicidades estatales. Desde 1996, los gobiernos han bloqueado reformas esenciales a la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, mientras la expansión minera, el saqueo territorial y la contaminación secuestran recursos básicos. Las recomposiciones legislativas permanecen congeladas bajo presiones de grandes empresas y multinacionales.
En la reciente asamblea del CNI, donde participaron familiares de desaparecidos y presos políticos, la exigencia fue clara: justicia, memoria y resistencia ante la violencia del narcotráfico, el Estado y el despojo. Las mujeres indígenas jugaron un papel central, reclamando la continuidad de la lucha contra las agresiones que afectan directamente a sus comunidades.
La jornada concluyó con una olla comunitaria y cantos ancestrales, símbolos de la cultura indígena que resiste pese a las adversidades y la impunidad.
