ELOXOCHITLÁN: UN SISTEMA DE JUSTICIA UTILIZADO PARA REPRIMIR MOVIMIENTOS SOCIALES
– Los Zepeda han usado su poder político y vínculos judiciales para fabricar cargos y debilitar la resistencia de la comunidad
Oaxaca de Juárez, Oax. – En el municipio mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, se mantiene desde hace más de una década un conflicto que ha puesto en evidencia las tensiones entre la Asamblea Comunitaria y el grupo político encabezado por el ex presidente municipal Manuel Zepeda Cortés y su hija, la diputada local Elisa Zepeda Lagunas. La disputa, marcada por violencia, persecución judicial y desplazamiento forzado, ha convertido a esta comunidad indígena en un caso emblemático de criminalización de la protesta social.
El hecho más grave ocurrió el 14 de diciembre de 2014, cuando un enfrentamiento en el marco de una asamblea comunitaria dejó dos personas muertas, entre ellas un hijo de Manuel Zepeda. A partir de ese episodio, más de 50 comuneros fueron acusados de homicidio y tentativa de feminicidio, delitos que organizaciones de derechos humanos consideran fabricados con el apoyo de instancias judiciales locales. Hasta la fecha, 21 personas fueron encarceladas y posteriormente liberadas por falta de pruebas, aunque 25 más continúan bajo proceso.
De acuerdo con testimonios comunitarios y defensores, el conflicto tiene antecedentes en la lucha de la población mazateca por recuperar su sistema de gobierno por usos y costumbres a finales de la década de 2000. La llegada de Manuel Zepeda al poder municipal en 2010 derivó en acusaciones de abusos de autoridad, cateos militares irregulares, detenciones arbitrarias y explotación de recursos naturales sin consentimiento de la comunidad.
Las denuncias de criminalización han alcanzado relevancia internacional. En 2023, la Organización de las Naciones Unidas reconoció el caso de Eloxochitlán como un ejemplo del uso del aparato judicial para reprimir luchas comunitarias, señalando violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la región. Este pronunciamiento se sumó a la presión de organismos nacionales que han acompañado a las familias desplazadas y perseguidas.
En esta movilización, las mujeres han tenido un papel central. Colectivos como Mujeres Mazatecas por la Libertad han demandado la cancelación de órdenes de aprehensión contra 13 defensores comunitarios y la resolución de amparos pendientes, como el de Jacob Betanzos. Su participación ha destacado por la capacidad de organización a pesar de las condiciones de marginación y riesgo que enfrentan.
Mientras tanto, las denuncias contra el grupo político de los Zepeda no han derivado en sanciones. Casos como el de Pedro Peralta, víctima de tortura, han sido desestimados por tribunales locales, lo que refuerza la percepción de impunidad y corrupción en el Poder Judicial de Oaxaca. Elisa Zepeda, por su parte, ha negado las acusaciones en su contra y sostiene que ha sido víctima de agresiones, aunque defensores aseguran que su influencia política ha sido clave en la continuidad de la persecución.
A diez años del estallido de este conflicto, la comunidad sigue demandando justicia. En 2024, tres presos políticos recuperaron su libertad tras casi una década de prisión preventiva, y en junio de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el amparo de Miguel Peralta, comunero perseguido con orden de reaprehensión. La resolución podría convertirse en un precedente relevante en torno a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas frente al caciquismo local.
Por Froylán Méndez Ferrer / Sagrario Martínez
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Afiliado al Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO)
