RED DE HUACHICOL OPERADA POR LA MARINA ARMADA Y EL CÁRTEL JALISCO
– Los cárteles obligaban a empresarios gasolineros a distribuir y vender este combustible ilícito.
Ciudad de México, Mex. – Una red de contrabando de combustible operada por altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar) en colusión con los cárteles de Jalisco Nueva Generación y del Golfo ha sido descubierta. Según un informe de la SSPC y la FGR, esta organización ha ingresado ilegalmente millones de litros de gasolina y diésel, evadiendo impuestos y financiando el tráfico de armas y la violencia criminal.
La investigación, bajo la causa penal 325/2025, revela un modus operandi sofisticado que involucra buques procedentes de Estados Unidos y facturas falsas. Los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, familiares del ex titular de la Semar, Rafael Ojeda Durán, son señalados como cabezas de la red. Desde 2023, facilitaron el ingreso de combustible disfrazado como aceites en puertos como Altamira, Tampico y Guaymas.
Testigos colaboradores han detallado cómo los cárteles obligaban a empresarios gasolineros a distribuir y vender este combustible ilícito. A cambio, los grupos criminales utilizaban los mismos buques para traficar armas de grueso calibre desde EE.UU., fortaleciendo sus disputas territoriales. El expediente subraya que se utilizaron esquemas bien estructurados para introducir tanto combustible como armas.
Se han documentado 31 desembarques ilegales, involucrando buques como el MTM Hamburg y el Hansa Sealancer. Funcionarios corruptos de la Semar y Aduanas recibían sobornos en efectivo de entre 50 mil y 300 mil pesos por cada operación, evitando inspecciones. Este fraude fiscal, estimado en miles de millones de pesos, expone la vulnerabilidad de la militarización de puertos y aduanas.
Económicamente, el huachicol fiscal genera pérdidas anuales que superan los 200 mil millones de pesos, recursos evadidos que podrían destinarse a salud o educación. En su lugar, alimentan un mercado negro que debilita a Pemex y distorsiona la competencia en el sector energético.
En términos de seguridad, la colusión con los cárteles arma a estos grupos y cuestiona la efectividad de las Fuerzas Armadas. La reputación de la Semar se ha visto manchada por detenciones de altos mandos. Además, siete funcionarios han fallecido en circunstancias sospechosas, lo que sugiere posibles encubrimientos para silenciar testigos.
Expertos nacionales e internacionales coinciden en que este caso representa el mayor acto de corrupción en la historia reciente de México. Analistas como Raúl Benítez Manaut (CIDE) y David Saucedo señalan que el escándalo compromete la capacidad del Estado para enfrentar amenazas transnacionales y revela los riesgos de la militarización de funciones civiles.
Este escándalo obliga a una reflexión profunda sobre la capacidad de México para combatir el crimen organizado. Se demandan no solo operativos y detenciones, sino reformas estructurales con mayor supervisión civil y mecanismos anticorrupción independientes para construir un Estado resiliente.
Redacción Libertad y Expresión
Afiliado al Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO)
