SHEINBAUM GARANTIZA SOBERANÍA MIENTRAS LA CIA OPERA BAJO SU MANTO EN SECRETO
– Cualquier cooperación debe ser pública, legal y supervisada
Ciudad de México. – La revelación de la agencia internacional Reuters no sorprende, pero sí escandaliza: la CIA ha operado en México por décadas con el consentimiento tácito y a veces explícito de gobiernos mexicanos. Entrenó unidades de élite, aportó tecnología de espionaje y ayudó a cazar capos de la mafia, incluyendo a los hijos de “El Chapo”. Lo más grave: lo hizo en secreto. No para proteger operaciones, sino para eludir el debate público y la rendición de cuentas. ¿Es cooperación… o es sometimiento encubierto?
Esto no empezó ayer. Desde la Guerra Fría, México ha sido un socio silencioso de la inteligencia estadounidense. Hoy, el pretexto cambió: ya no es el comunismo, sino el fentanilo. EE.UU. reasigna recursos, vuela drones sobre Sinaloa y comparte inteligencia… mientras exige resultados. México, en cambio, finge soberanía en los discursos, pero niega acuerdos que sus propios generales firman. Es una farsa bilateral.
Claudia Sheinbaum repite como mantra: “Soberanía, reciprocidad, transparencia”. Pero cuando la DEA anuncia acuerdos, su gobierno los desmiente. ¿Ignorancia? Imposible. ¿Negación? Probable. El problema no es la cooperación: es la opacidad. Si el Estado mexicano no controla lo que ocurre en su propio territorio, ¿de qué soberanía hablamos? La retórica nacionalista no basta cuando las decisiones se toman en Langley o en reuniones a puerta cerrada en Sedena.
Capturar a un capo no es victoria, es trampa. Expertos lo advierten: al decapitar carteles, se fragmentan, se multiplican las guerras internas y la violencia se esparce como mancha de aceite. La CIA sabe esto. Lo ha visto en Colombia, en Afganistán. Pero EE.UU. necesita titulares, no soluciones. Y México paga el costo: más muertos, más desplazados, más impunidad. ¿A quién le sirve este “éxito”?
Aquí no hay Congreso que autorice, ni Senado que supervise, ni rendición de cuentas. Operaciones secretas con tropas extranjeras en territorio nacional deberían ser excepción, no norma. Pero en México, todo se justifica en nombre de la “seguridad”. Mientras tanto, la democracia se erosiona: si ni el presidente sabe —o finge no saber— qué hace la CIA en Culiacán, ¿quién vigila a los vigilantes?
Basta de secretos. Cualquier cooperación debe ser pública, legal y supervisada. Acuerdos claros, firmados, auditables. Parlamento informado. Sociedad civil incluida. Y sobre todo: evaluación de impacto. ¿Reducen las operaciones la violencia o la exportan? ¿Protegen a la población o la exponen? Sin transparencia, no hay Estado de derecho. Sin rendición de cuentas, no hay soberanía real.
¿Hasta cuándo vamos a permitir que la política de seguridad de México sea dictada por la crisis de opioides en Ohio? No se trata de cerrar la puerta a la cooperación, sino de dejar de ser cómplices silenciosos de una estrategia fallida que sacrifica nuestro territorio, nuestras leyes y nuestra gente. Si no exigimos hoy límites claros, mañana la CIA no solo cazarán capos… decidirán quién gobierna.
Redacción Libertad y Expresión
Afiliado al Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO)
