En solo dos años, 21 presidentes municipales han sido arrestados en México bajo sospechas de colaboración con grupos criminales, evidenciando la penetración del crimen organizado en la política local.
En los últimos dos años, México ha registrado la detención de 21 alcaldes en funciones, acusados de mantener vínculos con el crimen organizado, dentro de un total de 25 ediles arrestados por diversos cargos federales y del fuero común. Estos casos revelan una grave problemática de infiltración del crimen en la esfera política municipal.
El operativo más destacado ocurrió en noviembre de 2024 en el Estado de México, con el arresto de siete funcionarios municipales, entre ellos María Elena Martínez Robles, alcaldesa de Amanalco, enfrentando señalamientos en delitos graves como secuestro, homicidio y tráfico de drogas.
Diversas entidades como Zacatecas, Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Jalisco concentran estos casos. En Zacatecas, el exalcalde de Apulco, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, fue detenido tras un prolongado estatus de prófugo por supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En Morelos se arrestaron a varios alcaldes por extorsión y posibles nexos con el Cártel de Sinaloa.
Persisten casos de alcaldes prófugos, algunos relacionados con delitos que van desde la colusión con el crimen organizado hasta la protección de actividades ilícitas. Destacan los expedientes de Francisco Chambé (Chiapas), Alfredo Ramírez Hernández (Puebla) y Alfonso Baca Sevilla (Tabasco), este último involucrado en actividades ilícitas como robo de hidrocarburos.
Puebla lidera en detenciones con seis casos, especialmente en regiones donde familias como los González Vieyra han dominado la política durante años. Le siguen Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Morelos, Jalisco y Veracruz. No se registran detenciones en estados con tradición criminal como Sinaloa o Michoacán, un dato preocupante sobre concentraciones regionales de poder.
Expertos en seguridad señalan que los cárteles han extendido su influencia en la política municipal mediante mecanismos como financiamiento, violencia y presión en procesos electorales, lo que se denomina “gobernanza criminal”. Esta realidad pone en evidencia que algunos municipios son cooptados, dejando la administración en manos de grupos delictivos.
Rodrigo Peña, del Colegio de México, destaca que la decisión de muchas elecciones en municipios vulnerables está definida por grupos criminales, que operan en contextos donde las instituciones son débiles y las zonas son estratégicas para negocios ilícitos.
Los principales delitos vinculados a estos alcaldes detenidos son extorsión agravada y delincuencia organizada, con al menos 12 implicados en extorsión y 10 en procesos por delincuencia organizada. Casos como Blanca Janet Chu López en Chiapas y Diego Rivera Navarro en Jalisco reflejan la profundidad de esta problemática en la seguridad y gobernanza local.
