La Encuesta Intercensal del INEGI revela la crisis invisible del desplazamiento forzado interno en Quintana Roo, donde miles huyen de la inseguridad mientras autoridades no actúan.
La Encuesta Intercensal del INEGI documenta por primera vez el desplazamiento forzado interno en Quintana Roo: 34 mil 300 personas, equivalentes a 11 mil 800 hogares, dejaron sus comunidades entre octubre de 2020 y octubre de 2025 debido a la violencia y amenazas del crimen organizado. Este fenómeno afecta tanto áreas urbanas como rurales, incluyendo importantes polos turísticos. Sin embargo, durante años, las autoridades invisibilizaron esta realidad, clasificándola bajo eufemismos como “migración laboral”, lo que refleja no solo fallas en el registro sino una omisión deliberada para evadir la problemática. Según cifras nacionales, los desplazamientos internos por violencia han aumentado más del 140 % en la última década, y Quintana Roo es un claro ejemplo de crisis ignorada. La abogada Claudia Lozano alerta que el Estado incumple con sus responsabilidades constitucionales y de derechos humanos al no proteger a quienes huyen del crimen organizado, y denuncia la necesidad de reconocer estas huídas como violaciones a derechos fundamentales, no simples mudanzas. La situación es particularmente grave para mujeres y niños desplazados, quienes enfrentan violencia de género, precariedad y exclusión. Además, las comunidades receptoras enfrentan sobrecarga en servicios públicos y conflictos sociales derivados de la estigmatización hacia los desplazados. El miedo a represalias mantiene a las familias en silencio, complicando su integración y ampliando la marginación. Esta crisis social expone la falta de políticas públicas eficaces y la ausencia de reconocimiento estatal, poniendo en entredicho la imagen turística del estado y evidenciando la urgente necesidad de un enfoque crítico y una respuesta integral en materia de derechos humanos en Quintana Roo.