Senado aprueba sin consulta ciudadana la restricción del uso de teléfonos móviles en educación básica para controlar distracciones y riesgos digitales.
En un movimiento que impacta directamente en la comunidad educativa, las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad una reforma que prohibe el uso de teléfonos celulares y dispositivos inteligentes durante la jornada escolar en escuelas básicas, que incluyen desde preescolar hasta secundaria, tanto públicas como privadas. Esta decisión busca responder a la problemática de distracción y dificultades para mantener la atención dentro del aula, problemática señalada por aproximadamente ocho de cada diez participantes en el debate legislativo. La reforma modifica el artículo 84 de la Ley General de Educación y establece que para los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, el uso de dispositivos electrónicos personales estará prohibido durante toda la jornada, excepto cuando se utilicen con fines pedagógicos previamente programados.
Para bachillerato, la normativa abre la puerta a que las propias autoridades escolares definan mediante asambleas los momentos específicos en que se permita el uso de dispositivos, mientras que en la educación universitaria se promoverá su uso responsable en las aulas. Sin embargo, legisladores como la senadora Carolina Viggiano (PRI) han denunciado la falta de consulta directa a niñas, niños y adolescentes, sectores que serán los más afectados. Viggiano advirtió que la prohibición por sí sola no educa sobre el correcto uso de internet, redes sociales ni protege contra contenidos dañinos, noticias falsas o ciberacoso, y pidió incluir formación digital para estudiantes y familias, así como evaluaciones anuales para medir la eficacia de la medida.
Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio (Movimiento Ciudadano) respaldó la regulación pero alertó sobre la ausencia de medidas explícitas para atender la salud mental del alumnado y la falta de recursos para capacitar a docentes. También pidió garantías para la protección de datos personales y para asegurar derechos básicos como la comunicación entre estudiantes y familiares y la proporcionalidad en las sanciones.
Esta reforma refleja un enfoque legislativo que prioriza el control y regulación del uso de tecnología en la educación básica sin ofrecer aún soluciones integrales para los problemas subyacentes, como la formación digital crítica y el bienestar estudiantil. La comunidad educativa y ciudadanía quedan en espera de que estas disposiciones se implementen con responsabilidad, transparencia y respeto a la participación ciudadana.
