Dos hechos violentos recientes revelan fallas en la prevención y respuesta institucional ante la inseguridad que afecta a Oaxaca y otras regiones del país.
La violencia en México sigue cobrándose vidas mientras las autoridades muestran una respuesta insuficiente y tardía. En Veracruz, la doctora Cristina Ramos Argüello fue víctima de un feminicidio que desnuda la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia machista. A pesar de haber denunciado a su pareja por agresiones, las medidas de protección fueron inexistentes hasta que la tragedia ocurrió. La Fiscalía estatal ha emitido orden de captura contra Lenin Salvador Córdova Pérez, presunto agresor, pero la prevención falló.
En Guanajuato, un pastor cristiano y su esposa fueron asesinados en un ataque armado, en una zona donde a pesar de la presencia de múltiples corporaciones de seguridad, el agresor escapó. Aunque autoridades locales mantienen investigaciones y detenciones, la inseguridad persiste, incluso para líderes comunitarios.
Estos casos dejan al descubierto las fallas estructurales en los sistemas de seguridad y justicia, que permiten que la violencia se normalice y se registre una impunidad creciente. La muerte de la doctora y la pareja de pastores es un llamado urgente a implementar políticas reales y efectivas que garanticen la protección ciudadana, especialmente frente a la violencia de género y los asesinatos derivados de la inseguridad.
La ciudadanía merece respuestas claras y acciones contundentes que detengan esta sangría social que afecta a Oaxaca y el país entero. La desatención y la impunidad solo perpetúan la tragedia y el desgarramiento social.
